Pobreza en Extremadura: ¿De qué estamos hablando?

De JESÚS PÉREZ MAYO - Profesor de Economía de la Universidad de Extremadura.
Publicado en Hoy

Términos como pobreza, desigualdad, exclusión o bienestar aparecen a menudo en los medios de comunicación, sobre todo desde que comenzó la crisis que sufrimos. Sin embargo, a pesar de que creamos tener claro su significado, generalmente no coincide la definición «oficial» con nuestra impresión al leer o escuchar una noticia. Esto provoca que se relativice el fenómeno y que haya una falta de preocupación por estas cuestiones en la sociedad.

Este hecho se repite cada año cuando que el Instituto Nacional de Estadística publica sus notas de prensa. Hace unas semanas, aparecía en todos los diarios que el 20,8% de la población española estaba en riesgo de pobreza o que la pobreza infantil en España era una de las más altas de Europa. La primera impresión para el lector es de alarma, inducida o no por los titulares. Pero, momentos después, empieza a pensar que ese dato debe estar mal porque a su alrededor, en su barrio o en su ciudad, no hay tantos pobres: hay personas que se han quedado sin empleo o con una pensión baja, que llegan con problemas a fin de mes, pero que no pasan hambre ni viven en la calle.

Entonces, ¿qué mide el dato oficial de pobreza? No recoge una situación de necesidad o de exclusión, sino la vulnerabilidad o el riesgo. Expresa la situación de los que peor están en un país rico y desarrollado como España, de los que llegan con dificultad a fin de mes, de quienes están sin empleo, de las familias que dependen de la pensión de un mayor, de los trabajadores mal pagados con un empleo precario. Por ejemplo, en los últimos datos publicados, se considera que alguien tiene riesgo de estar en situación de pobreza si tiene unos ingresos anuales inferiores a 7.845,6 euros si es una persona sola o 14.122,1 euros si es una pareja con un hijo. Teniendo en cuenta estas cifras, empieza a entenderse esa quinta parte de la población española que vive en una situación vulnerable.

Además, los datos oficiales recogen información directa sobre las condiciones de vida de los hogares y personas. Se puede saber la facilidad con la que llegan a fin de mes, las condiciones de la vivienda en la que residen, los posibles retrasos en pagos como la hipoteca, el alquiler, los recibos habituales o las compras a plazos, la capacidad de hacer frente a gastos imprevistos. En la mayor parte de los casos, estos datos confirman la información resumida en la tasa de pobreza.

Dejando España a un lado y centrando el análisis en Extremadura, destaca el primer puesto que ocupa informe tras informe. Aunque este dato no debe desalentarnos o caer en el pesimismo, ya que la convergencia se va produciendo y la Extremadura de hoy, con sus problemas y dificultades, tiene poco que ver con la del pasado, tampoco cabría ser triunfalista o menospreciar el fenómeno. Nos acercamos, pero siguen existiendo diferencias muy importantes en los salarios o las pensiones medios. Es imprescindible mejorar la economía y acercar los ingresos a la media nacional. La convergencia debe producirse porque nuestra situación futura mejore la actual, no porque empeore la de otras comunidades autónomas.

Volviendo al análisis de la situación española, los datos sobre pobreza recientemente publicados no son muy diferentes de los del año anterior. Aún más, son prácticamente idénticos a los presentados en el VI Informe FOESSA que analizó la evolución de la desigualdad y la pobreza durante el período de extraordinario crecimiento económico y de empleo experimentado por España en la última década, por lo que no es sólo consecuencia de la crisis, sino que presenta un problema latente en la sociedad española.

En consecuencia, en esta época de reforma y racionalización de la economía, donde se habla mucho de «reformas estructurales», necesarias por otra parte, es necesario incluir estas cuestiones en el debate económico y político. Es conveniente recordar, porque corremos el riesgo de olvidarlo, que aumentar el nivel de empleo es necesario, pero no suficiente. El informe FOESSA, antes mencionado, mostraba la baja calidad del empleo creado y la disminución del peso de los salarios en los ingresos totales durante el período 1997-2007 e informes oficiales de la Comisión Europea exponían que en España es muy elevada la proporción de personas que, aún trabajando, están bajo el umbral de la pobreza. Asimismo, a la hora de reformar el gasto público en educación, sanidad o protección social se debe tener en cuenta, como muestran algunos informes de la OCDE, el efecto tan relevante que tiene sobre la distribución de la renta de los hogares. Una parte muy importante de la población de los países desarrollados se vería bajo el umbral de la pobreza si dichos servicios no estuvieran proporcionados por el sector público. Esta cuestión es clave en España, donde el efecto sobre la pobreza de las prestaciones sociales, excepto las pensiones, es mínimo comparado con lo que ocurre en otros países de nuestro entorno o el riesgo de pobreza infantil es uno de los mayores de la Unión.

Los principios de eficiencia y equidad subyacen en las decisiones de política económica. En la situación económica tan complicada que vivimos se insiste en la mejora de la eficiencia de la economía, en general, y del sector público, en particular, pero convendría recordar al mismo tiempo la importancia de la equidad. Como escuché en una conferencia la semana pasada, «Saldremos seguro de la crisis. La cuestión es cómo saldremos». Es crucial superar el día a día y pensar qué valores queremos para el futuro, por qué sociedad apostamos para nuestros hijos.